Según sus promotores, la feria es una respuesta social frente a la crisis económica, y la ley busca garantizar estabilidad y derechos a quienes sostienen esta actividad, cuyo crecimiento responde a la inflación, la caída del salario real y el aumento del costo de vida.

El proyecto busca dar respuesta a unos 3000 feriantes, ya fue girado a comisión y requiere 10.500 firmas para alcanzar estado parlamentario.

En los fundamentos, se inscribe esta iniciativa en su "reconocimiento como parte de la nueva y actual denominación de Economía Social, Popular y Solidaria" y cita la Recomendación N° 24 de la OIT cuando advierte acerca de "los déficits de trabajo decente, la denegación de los derechos en el trabajo, la falta de suficientes oportunidades de empleo de calidad, una protección social inadecuada y la ausencla de diálogo social". En ese marco ratifica el reconocimiento de las y los feriantes como trabajadoras y trabajadores, remitiéndose al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional cuando manifiesta la obligación de proteger al "trabajo en sus diversas formas".

Ante una consulta de los compañeros de la UNTDF, desde la RUESS se colaboró con aportes de experiencias y antecedentes desde universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Formosa.

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Fuente: La Licuadora TDF