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Se realizó el seminario internacional sobre la relación entre la ESS y la protección social en el marco de las políticas públicas del continente, impulsado por la RIPESS LAC

En Santo Domingo, República Dominicana, durante los días 3 y 4 de diciembre, se llevó a cabo el Seminario Internacional “Confluencias para Desarrollar Políticas Públicas Favorables a la Economía Social Solidaria y a los Sistemas de Protección Social en América Latina y El Caribe”. Asistieron al evento representantes de las organizaciones de la ESS y laboral del país, CEPAL y miembros de RIPESS LAC: MESCJ (Bolivia), RELACJ (Perú), MESSE (Ecuador), Red ESS (Chile), CS México, REDESOL (R. Dominicana), quienes realizaron un balance general de las políticas de ESS desde el movimiento social en LAC. En los respectivos paneles, dinamizados por RIPESS LAC y la Comisión organizadora, se escucharon voces de los actores de la ESS y se definieron estrategias y acciones para la construcción colectiva y adecuación de políticas de protección social y ESS en Latinoamérica y El Caribe.

La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS) organizó a principios de diciembre un seminario internacional sobre la relación entre la ESS y la protección social en el marco de las políticas públicas del continente. En este artículo, nos resumen los puntos más destacados del encuentro. 

Políticas de protección social y ESS

En los últimos años, la mayoría de los países de Latinoamérica han encaminado sus acciones hacia la reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, con las variables macroeconómicas y el débil manejo fiscal y monetario, se ha constatado la reducción del PIB, altas tasas del índice de precios a los consumidores y más repercusiones en los sectores de escasos recursos. La crisis ha profundizado la pobreza, la perdida de empleo en el sector formal y una fuerte caída de los ingresos por la recesión.

La baja cobertura de los programas sociales gubernamentales se debe, en parte, a la falta recursos, por lo que los países del Sur deben enfrentar el desafío de la estabilización económica y la reestructuración del sistema financiero, sin mayores costos sociales y, especialmente, sin una profundización de las tendencias al deterioro de su desarrollo humano. Para ello, han puesto en marcha con urgencia medidas de protección social que respondan a los ámbitos de mayor vulnerabilidad como salud y educación y otros elementos de una política de desarrollo para reducir los efectos negativos de la actual crisis económica, en la cual el FMI ha tenido marcada injerencia.

El rol de estado en la protección social

La constitución de algunos países de la región establece una legislación específica para la promoción y fomento de la Economía Solidaria, reconociendo al ser humano como sujeto y fin de todo proceso de desarrollo en relación armoniosa con la naturaleza, como es el caso de Bolivia, Ecuador, México, y Uruguay.

Se ha ratificado en el evento a la ESS como una forma de organización en la cual los integrantes, individual o colectivamente, se organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad. La ESS debe guiarse por los principios de: Promoción del bien común y mejora de la calidad de vida, la prelación del trabajo sobre el capital, la equidad e inclusión social y económica; el respeto a la interculturalidad y prácticas ancestrales, la seguridad y soberanía alimentaria, la responsabilidad social, ambiental y económica; reciprocidad y solidaridad, entre otros.

Los programas gubernamentales de protección social acompañan y asisten a los grupos humanos en situación de vulnerabilidad, ya sea mediante transferencias monetarias focalizadas, para las madres jefas de familia con niños/niñas y adolescentes menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, con los cuales se cumplen acciones de capacitación y entrega de créditos, connotados por el clásico asistencialismo.

Los destinatarios principales de la protección son: los sectores comunitarios organizados, rurales y urbanos, que tienen por objeto la producción, comercialización, distribución, el consumo de bienes y servicios en forma solidaria y auto gestionada. Los sectores asociativos, las organizaciones jurídicas, debidamente reconocidas, constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas. Los sectores cooperativistas, guiados por el interés económico y social, y las unidades económicas populares, dedicadas a la economía del cuidado, emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas, talleres artesanales y otros.

En general, los proyectos de protección social, buscan mejorar la equidad, integración y sostenibilidad de la seguridad social, para el beneficio de la población, aunque con una limitada capacidad de incidencia, para mitigar las importantes repercusiones de este proceso en el desarrollo humano a mediano y largo plazo, siendo por tanto urgente tomar medidas de respuesta a la población, que siente los efectos del sistema de mercado, desigualdades y profundización de la marginalidad.

Un vacío particular se refiere a la generación de empleo y a la capacidad de respuesta a la cesantía laboral, lo cual origina notables insatisfacciones en la sociedad.

 

La protección social en el marco de la Economía Solidaria

Los movimientos y redes de Economía Social Solidaria, articulados en la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria, RIPESS LAC, han propuesto a sus respectivas autoridades la implementación y/o reformas a los instrumentos legislativos, inherentes a la gestión social y económica territorial, que permitan promover la construcción de un verdadero sistema social y solidario.

En relación al rol del estado y la sociedad civil, se planteó repensar y recrear las relaciones económicas y sociales para transformar la sociedad a partir de las prácticas y los principios de la solidaridad, totalmente ausentes del modelo imperante. Por medio de iniciativas y alternativas productivas, de prestación de servicios y de trabajo autónomo, respetuoso y solidario con la naturaleza y las organizaciones rescatado el valor de lo nuestro, nuestra sabiduría y conocimientos, nuestros recursos y productos.

Las reformas mencionadas a la política, consideran que la ley no debe enmarcarse en los parámetros del libre mercado, en el que las condiciones no permiten que la economía solidaria se desarrolle ni compita. Se manifestó que la Economía Solidaria debe buscar mecanismos y formas para la construcción de mercados libres y solidarios, comercio justo, consumo solidario e intermediación solidaria.

La ley y sus reglamentos deben considerar las especificidades de cada una de las formas organizativas de Economía Solidaria, así como las instituciones públicas deben garantizar el fomento y la promoción de los emprendimientos de la Economía Solidaria, permitiendo el acceso de productores a los mercados, a las compras públicas, a la prestación de servicios agro-alimentarios, de vivienda de interés social, educación y salud comunitaria, entre otros.

Se consideró que es fundamental establecer políticas de fomento de sistemas agroalimentarios sanos, sostenibles y equitativos, como la agroecología, para enfrentar la pobreza, la creciente malnutrición, y el cambio climático.

Los sistemas tributarios deben simplificar y exonerar costos tributarios a las familias campesinas y sector artesanal, generadores de productos, bienes y saberes de la economía solidaria.

Se reconoce a la economía del cuidado, más allá del trabajo doméstico y no remunerado en el ámbito familiar, incorporando actividades como el desarrollo infantil, la atención de personas en desamparo y al adulto mayor, la protección especial a grupos vulnerables.

Ante la migración forzada y búsqueda de protección internacional, se han genera importantes retos en materia de garantías de los derechos humanos de los migrantes en condición irregular, de necesidades de protección y prácticas de solidaridad con personas en situación de riesgo.

Se ha acordado en el encuentro fomentar los circuitos económicos solidarios como espacios de articulación de los diferentes actores de la ESS para producir, comercializar, consumir y prestar servicios, comprometiendo la activa participación como sociedad civil organizada, para construir una economía transformadora o lo que llamamos “otra economía”.

Generar procesos de formación, asistencia técnica, innovación, investigación y desarrollo dirigido a los actores de la ESS y apoyar la generación de sistemas, redes y circuitos económicos solidarios en su territorio.

Las enriquecedoras experiencias de Economía Solidaria, desde las  organizaciones y comunidades de Latinoamérica y El Caribe presentan nuevos desafíos en el proceso de transformación social y política en las áreas de producción y comercialización agroecológica, finanzas solidarias, comercio justo, consumo responsable, vivienda, turismo comunitario, salud ancestral, textiles y confección, servicios varios, catering y gastronomía, recolección de residuos, servicios culturales y otras, por lo que se torna imperioso profundizar acciones para el fomento del asociacionismo, los circuitos alternativos de comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, priorizando la Economía Popular y Solidaria. Todo esto dirigido a construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios de desarrollo, de los medios de producción en la generación de trabajo digno y estable.

Fuente:  http://www.ripess.org/

 

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